lunes, junio 27, 2022

República Dominicana, Costa Rica y Panamá proponen acciones urgentes a favor de Haití

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Los presidentes de República Dominicana, Costa Rica, y Panamá, reunidos en el marco de la Alianza para el Desarrollo en Democracia, en la ciudad de Panamá, propusieron ayer a la comunidad internacional una serie de acciones urgentes en Haití para lograr el desarme, la creación de empleos, como la recuperación de sus cuencas hidrográficas.

En esta reunión participa el presidente Luis Abinader por República Dominicana y sus homólogos, Laurentino Cortizo Cohen, de Panamá, y Carlos Alvarado Quezada, de Costa Rica.

Entre las acciones que proponen los mandatarios, mediante una Declaración Conjunta de los presidentes de la Alianza para el Desarrollo en Democracia, figura el desarme y pacifi- cación de la población de Haití y fortalecimiento de la seguridad, como preámbulo para la celebración de elecciones.

De igual forma, un plan integral para el desarrollo y construcción de infraestructura pública que genere empleos masivos y mejore la calidad de vida de la población haitiana.

También proponen un financiamiento de un programa comunitario para recuperar las cuencas, refo- restar y restaurar los ecosistemas, entre otros.

La Declaración Conjunta insta también a la comunidad internacional a presentar, con el apoyo de organismos internacionales, como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), un plan de desarrollo integral y sostenible para Haití.

Precisa: “Declaramos nu-estra intención de profundizar esta alianza como una instancia que, a través del diálogo político, la cooperación y el comercio, busca promover el desarrollo sostenible, verde resiliente e inclusivo de nuestros países, sobre la base de nuestro compromiso con el Estado de Derecho, la democracia y el respeto y promoción de los derechos humanos y la libertad de expresión, los cuales continuaremos defendiendo”, indica el documento.Debate sobre una intervención

En tanto que la inseguridad con que se vive en Haití con el auge de las pandillas y la incapacidad de la Policía para controlarlas vuelve a reanimar el debate de otra intervención internacional para restablecer el orden en ese país.

El politólogo haitiano Joseph Harold comentó que ha venido abogando por la intervención militar para sacar a Haití de su crisis de inseguridad. Harold argumentó que la intervención es porque Haití “no tiene la capacidad mínima” para salir por sí solo de su actual situación.

El también economista dijo que el secuestro de 17 misioneros extranjeros, 16 estadounidenses y uno canadiense, se ve como un indicio de que los grupos armados en Haití se sienten más fuertes.

Harold estimó que la población haitiana estaría de acuerdo con una intervención que tenga el objetivo claro de resolver el tema de la inseguridad, con acciones rápidas y concretas.

El rapto de los extranjeros llevó al Gobierno de Estados Unidos a poner sus ojos en Haití. El jefe de la diplomacia estadounidense Antony Blinken, reconoció que la inseguridad en Haití es “insostenible”.

También se manifestó a favor de una intervención en Haití el periódico estadounidense The Washington Post, para lograr un “mínimo de estabilidad y orden” en ese país.

El medio de comunicación estadounidense criticó que la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha ignorado la situación que se desató en Haití tras el asesinato de Jovenel Moïse, el pasado julio.

El tema también preocupa a la República Dominicana. En la última Asamblea General de la Orga- nizacón de las Naciones Unidas (ONU), el presidente Luis Abinader pidió a la comunidad internacional asumir con urgencia la crisis haitiana como de altísima prioridad.

Recientemente el ministro de Relaciones Exteriores dominicano, Roberto Álvarez, demandó en la ONU buscar una solución que ponga fin a la “anarquía” que se vive en Haití.¿Qué tipo de intervención?

Edwin Paraison, excónsul de Haití en la República Dominicana, coincidió en que la prioridad es restaurar la paz en las calles de Haití, a través de una intervención, pero aclaró que no en el “sentido clásico de la palabra”.

“… enfrentando como se debe a los grupos ilegalmente armados. En esto se espera el apoyo decidido de la comunidad internacional a nivel técnico y logístico hasta con agentes especiales de lucha contra la delincuencia urbana, pero bajo mando haitiano”, dijo.

El experto en asuntos migratorios Juan Manuel Rosario, que también favorece una intervención, dijo que no se debe establecer una como las históricas en América Latina, que “pisotean” soberanías. Favorece una intervención con la participación de la comunidad internacional, con un acompañamiento de carácter solidario para contribuir al desarrollo de Haití.

“Inclusive, que la población se involucre con esa presencia extranjera. Que sea con la participación de la gente, no como una imposición”, agregó Rosario, viceministro de Interior y Policía en la Gestión Migratoria y Naturalización.

Las intervenciones extranjeras en Haití no han sido “halagüeñas”, como reconoció Joseph Harold. Han dejado su rastro de adversidades. El politólogo también destacó que una intervención tendría consecuencias colaterales, debido a que existen pandillas que controlan terri- torios en Haití. “Pero, al fin y al cabo, Haití saldrá ganando”, estimó Harold.

Una de las más recientes intervenciones en fue la Misión de la ONU para la Estabilización de Haití, conocida como Minustah, cuya labor se prolongó por 13 años, con luces y sombras. Fue puesta en marcha en 2004 para apoyar al país después de que un movimiento armado derrocó al entonces presidente Jean-Bertrand Aristide.

La Minustah fue reforzada para ayudar al país a recuperarse tras el terremoto de 2010. Los cascos azules fueron denunciados por violaciones y explotación sexual de mujeres en Haití. Los medios de comunicación reportaron casos y que los miembros de la misión se fueron del país y no asumieron su responsabilidad.

A las fuerzas de paz de Nepal se les acusa de ser las responsables de desatar el brote de cólera en Haití que se inició en 2010.La “industria” de los secuestros

Se habla que en Haití se desarrolla una “industria” de secuestros por parte de las gangas, que raptan personas de manera indiscriminada, como ha informado el Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos (Cardh) en Haití.

De acuerdo al exsubdirector de la Policía dominicana Alejandro Dipré la “industria” del secuestro en Haití es una de las más fuertes en América Latina. Atribuyó que uno de los factores al auge de los secuestros es que un expolicía realizó una alianza de pandillas y las controlas.

En Haití se conoce a Jimmy Cherizier, alias Barbecue (Barbacoa), un expolicía que está al frente de G9, una alianza de pandillas que se convirtió en una de las principales organizaciones criminales.

El Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos (Cardh) en Haití registró 628 secuestros en los primeros tres trimestres de este año, en comparación con los 231 del año pasado en el mismo período.

400 Mawozo es la pandilla señalada que está detrás del secuestro de los misioneros extranjeros, y ahora se suma un ciudadano haitiano, para 18 personas en manos de la banda.

La pandilla pidió para la liberación de los misioneros 17 millones de dólares, es decir, un millón por persona. Estados Unidos reiteró que su política es “no negociar” con quien secuestra a sus ciudadanos.

Se informó que el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) investiga el secuestro de los 16 misioneros estadounidenses.

El equipo especializado en secuestros del FBI mantiene contacto con la iglesia a la que pertenecen los misioneros capturados y con la Policía nacional de Haití, afirmó el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken.
“Haremos todo lo posible por resolver esta situación”, expresó el funcionario en una rueda de prensa en la sede presidencial de Carondelet, en Ecuador.

Haití, zona roja para EE.UU.

Estados Unidos tiene calificado a Haití como un país en la zona roja; aconseja a sus ciudadanos a no visitarlo, sobre todo por el problema de inseguridad, el auge de los secuestros, los disturbios civiles y la pandemia de la enfermedad del coronavirus COVID-19.

El Gobierno de Estados Unidos también alertó que, dentro de las víctimas de secuestros en Haití “habitualmente” se incluyen a ciudadanos estadounidenses, que han sufrido daños físicos durante los secuestros.

Desarme y empleo, soluciones para crisis en Haití

El presidente Luis Abinader agradeció a Panamá y a Costa Rica por sumarse al “grito” que desde la República Dominicana se tiene a la comunidad internacional de que Haití no se puede abandonar, pero tampoco dejarlo a los vecinos.

Abinader destacó que la solución para Haití se encuentra dentro de ese país. “Acompañando a los haitianos, a ese pueblo, pero con las medidas que hemos recomendado es el inicio, después de muchos estudios, de verdaderas soluciones que la comunidad internacional puede aplicar”, afirmó.

La llamada Alianza para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática recomendó para el tema de Haití desarmar a la población y fortalecer la seguridad. Esto como preámbulo para celebrar elecciones libres y transparentes.

De igual forma, un plan integral para el desarrollo y la construcción de infraestructura pública que genere empleo masivo y mejore la calidad de vida de la población haitiana.

Otra de las propuestas fue el financiamiento de un programa comunitario para recuperar las cuencas, reforestar y restaurar los ecosistemas, entre otros.

El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, señaló que las soluciones para Haití deben ser regionales, por tratarte de un tema con como tal.

Cortizo también apuntó el importante rol de Estados Unidos en la búsqueda de soluciones para Haití.

“Nosotros esperamos de Estados Unidos una participación mucho más efectiva con medidas concretas”, dijo Cortizo.

El llamado a Estados Unidos también se debe a que es uno de los principales países de destino de la mayoría de los flujos migratorios que atraviesan los países de la alianza.

Los países se comprometieron a reunirse el 10 de diciembre de este año, en la República Dominicana como sede.

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