La violación a cualquier ley es suficiente para que un legislador sea enviado a juicio político y pierda su investidura, aseguró este miércoles el abogado constitucionalista Francisco Álvarez, a la sazón de la investigación de la Dirección de Contrataciones Públicas que reveló que el senador Alexis Victoria Yeb obtuvo 14 contratos con el Estado dominicano luego de su toma de posesión, en violación a la ley 340-06.
“Lo que la Constitución exige para que haya un juicio político es que haya una falta grave y la violación a la ley por parte de un legislador, cualquiera, definitivamente, es una falta grave y que puede dar perfectamente a un juicio político”, explicó el reconocido abogado.
Para que Victoria Yeb sea sometido a un juicio político, la Cámara de Diputados debe realizar una investigación y luego depositar la acusación ante el Senado de la República, instancia legislativa encargada de juzgar políticamente a los funcionarios, explicó el jurista.
Tan pronto el Senado reciba la acusación, se designa a una comisión especial que la estudie, según el reglamento debe tomarse 10 días hábiles para determinar si ha lugar o no a la formación de causa.
Victoria Yeb puede ahorrarse este proceso si renuncia, tal como había advertido hace una semana cuando dijo: “Si algunas de mis empresas han sido adjudicadas luego de ser senador, mañana pongo mi renuncia al honorable Senado de la República”.
Sin embargo, para su compañero del Partido Revolucionario Moderno y colega Antonio Taveras Guzmán, la violación a la ley de Compras no le costará el cargo electivo.
“Estoy de acuerdo con lo que la ley prevea y no creo que la ley prevea eso, sí retirar número de contrataciones públicas para no participar”, expresó el representante de la provincia Santo Domingo ante el Senado, indicando que con suspender su registro de proveedores bastaría.
Taveras Guzmán dijo a periodistas que cubren la fuente del Senado, que antes de ser senador vendió por muchos años al Estado.
“Yo contrataba con el Estado durante muchos años y cuando empecé mi senaduría quité los números esos, ya no lo hago”, dijo.
Asimismo, otro perremeísta, el diputado Eugenio Cedeño, indicó que renunció al ejercicio de la abogacía por ser congresista.
“No he vuelvo a ejercer más la función de abogado porque entendía que siendo diputado no están las condiciones de ejercer una función como esa y la ley impide que los funcionarios tengan negocios con el Estado de manera directa”, expresó, a la vez que pidió que se aplique la ley en el caso que concierne a Victoria Yeb.
¿Habrá juicio político?
El Senado no ha sido apoderado de una acusación contra Victoria Yeb, expresó el senador por el Partido de la Liberación Dominicana Yván Lorenzo, quien preside la comisión de Ética del Senado.
Ayer martes, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) solicitó que el legislador sea sometido a un juicio político, indicando que la violación a la ley de Compras es causal suficiente para que la Cámara de Diputados investigue.
Según el informe de Contrataciones Públicas, las empresas vinculadas al representante de María Trinidad Sánchez: Dronena, S.A. y Victoria Yeb S.A vendieron RD$1,720,375.08 al Estado en productos médicos desde agosto de 2020 a la fecha.
Victoria Yeb respondió a esta investigación diciendo que las referidas empresas solo participaron en compras directas y menores.
“Reiteramos que no participamos en ningún proceso de licitación y mis empresas están en mi declaración jurada”, dijo en un tuit.
